Movimiento Obrero en Chile

Apuntes Sobre la Historia del Movimiento Obrero en Chile      

Frente de Trabajadoras y Trabajadores por el Socialismo

DESCARGAR PDF

Cinco períodos históricos a considerar dentro de la historia del movimiento obrero chileno:

  • Formación de los primeros núcleos obreros y ausencia de organización clasista (1862 – 1890)
  • Período “heroico” del Movimiento Obrero y época del sindicalismo libre (1890 – 1930)
  • El sindicalismo legal y la colaboración de clases (1930 – 1970)
  • Avances y disputas del Movimiento Obrero en “su gobierno” (1970 – 1973)
  • Represión y desmembramiento de la organización obrera en dictadura (1973 – 1990)
  • La Concertación, la alegría que no llegó y las tareas a futuro (1990 – actualidad)

Los primeros núcleos obreros y la ausencia de una organización clasista (1862 – 1890)

Los primeros núcleos proletarios en nuestro país pueden ubicarse en las faenas mineras del Norte Chico durante el siglo XVIII. Allí, bajo enormes condiciones de explotación se rebelaron espontáneamente los mineros en contra del explotador encarnado en el empresariado minero de la época.

Acercándonos un poco más temporalmente hablando, podemos ubicar en la Sociedad de la Igualdad de 1850 la primera instancia en la cual participaron activamente obreros y artesanos en torno a una organización con objetivos políticos relativamente clarificados, sin lograr éstos debido al posterior enfrentamiento con las fuerzas de orden del gobierno de Manuel Bulnes. Con esta mentada excepción, la cual tampoco agrupó solamente a sectores meramente obreros y artesanos, fueron las Mutuales y Sociedades de Socorros Mutuos las primeras instancias organizativas en el seno de los sectores populares, comprendidos principalmente como el artesanado de las ciudades. Este artesanado se agrupó en torno a Sociedades Mutualistas que buscaban el socorro de sus miembros mediante el pago mensual de cuotas y la formación de una orgánica en donde la participación asambleística cobraba un importante rol. La primera de estas organizaciones fue la Sociedad de Artesanos La Unión fundada en 1862, que poseía entre sus estatutos el siguiente punto:

Sociedad de artesanos La Unión (1862):

Art.2: Su objeto es el socorro mutuo de los asociados, promover, impulsar i favorecer su instrucción, moralidad i bienestar[1]

Las bases del artículo 2 explican muy bien la finalidad de las organizaciones mutuales, la cual no era más que socorrerse mutuamente entre los diversos miembros del artesanado de la época y procurar entregarse aquello que el Estado les negaba, como educación, salud, vivienda y apoyo ante sucesos de la vida como muerte de algún familiar o invalidez. En ningún momento se plantearon la lucha de clases contra aquel Estado dirigido por la oligarquía terrateniente y minera de nuestro país. La política, por lo mismo, se excluía totalmente de sus bases estatutarias:

            Sociedad de Socorros Mutuos de Los Ánjeles (1877)

Art. 4: La sociedad no tiene ningún fin político; i se prohíbe tratar en el salón de sus sesiones de todo asunto que tenga relación, ya sea directa o indirectamente, en apoyo de partido alguno, político o relijioso[2]

Dicha postura “apolítica” frente a los acontecimientos que sucedían en el país comenzará a modificarse paulatinamente con la influencia del pensamiento socialista y anarquista traído desde afuera por algunos obreros y artesanos italianos y españoles.

Período heroico del Movimiento Obrero y época del sindicalismo libre (1890 – 1930)

Podríamos ubicar el inicio de este período tan álgido de la lucha de clases en nuestro país con la Huelga General de 1890 sucedida durante el gobierno de Balmaceda, que vino a demostrar el paulatino desarrollo de la conciencia de clases dentro del proletariado chileno, la cual no hará más que desarrollarse en años venideros mediante diversidad de métodos, tácticas y acciones reivindicativas.

Una primera organización que debe ser mencionada en este período es la Unión Socialista de 1897, organización gremial sin una orgánica demasiado definida pero de naturaleza revolucionaria, en la cual se agruparon insignes sindicalistas de inicios de siglo como Magno Espinoza, Luis Olea y Alejandro Escobar y Carvallo. Sin orientaciones ideológicas absolutamente claras, desde la Unión Socialista nacerán y se bifurcarán los canales del socialismo y el anarquismo que tanta importancia adquirirán en las luchas del Movimiento Obrero durante el siguiente siglo.

La gran base de sustento de este Movimiento Obrero durante los años iniciales del siglo XX se estructuró en torno a las Sociedades de Resistencia y las Mancomunales Obreras. Ambas experiencias organizativas, iniciadas con la creación de la primera Sociedad de Resistencia en 1898 por los obreros de la Maestranza de Ferrocarriles de Santiago significaron un gran avance en las luchas del pueblo, adquiriendo altos niveles de conciencia política de clase que se terminarán expresando en gran cantidad de acciones directas durante el período. Geográficamente hablando, las Mancomunales se agrupaban en su totalidad en el norte salitrero, mientras que las Sociedades en Resistencia se agrupaban en torno a las grandes urbes de la zona centro-sur de nuestro país, en ciudades industrializadas y mineras como Santiago o Lota.

Este período está definido por una álgida lucha de los obreros por las reivindicaciones más sentidas de los diversos gremios proletarios; como la jornada de 8 horas de trabajo, el derecho a instrucción primaria, el cambio de fichas por monedas en las oficinas salitreras, seguro obrero, etc. Esta lucha estuvo marcada por grandes regueros de sangre y “olía a pólvora” – como solía referirse a este período Luis Emilio Recabarren – siendo diversas las matanzas perpetradas por un Estado burgués y defensor de los intereses del empresariado inglés enriquecido gracias a la explotación salitrera, como atestiguan la Semana Roja de 1905 en Santiago, la Matanza de Plaza Colón en 1906 o la tristemente célebre Matanza de Santa María de Iquique de 1907. A pesar de la descarnada represión perpetrada por el Ejército en dichas matanzas el Movimiento Obrero no claudicó en sus demandas y continuó desarrollando una concepción aún más clarificada respecto al enemigo al cual enfrentaban, tal como expresa la siguiente cita extraída de la publicación anarquista “Verba Roja” de 1915:

Ya es tiempo también de que el proletariado salga del círculo vicioso de las huelgas, del salario más, de las horas menos, en la jornada de trabajo. Si queremos 8 pesos diarios, después de ciertas resistencias nos será cedido; 8 horas o 6 horas de trabajo también; pero ¿dejamos de ser asalariados? ¿Dejamos de ser torturados por el enigma del pan para mañana? No y mil veces no, mientras exista el régimen capitalista no podremos emanciparnos totalmente; pues si podemos reducir la jornada de trabajo y ganar un abultado salario los capitalistas, a las manufacturas que nosotros hacemos le recargan enormemente el valor, y esas manufacturas las vende, dejando siempre para ellos una utilidad que no les pertenece (…) No caben las mejoras, pues los mismos burgueses piden mejoras para el proletariado, antes que éste se rebele y les arrebate todos los privilegios, que tanto tiempo conserva”. [3]

La maduración expresada por la anterior cita respecto a una lucha que sobrepase el carácter meramente reivindicativo y asuma su conducción revolucionaria se expresó de manera más clara en la acción de Luis Emilio Recabarren, el más eminente sindicalista de la época que otorgó esta conducción revolucionaria a las luchas del movimiento obrero, llevándolo a la fundación del Partido Obrero Socialista en 1912 y la reestructuración de la FOCH en 1919, la primera gran Central Sindical de nuestro país, nacida en 1912 bajo una política colaboracionista y sumamente tibia y vacilante frente al contexto político en el cual se desenvolvía el proletariado chileno, pero que una vez asumida su conducción por sindicatos revolucionarios adquirió esta organización amplia claridad respecto al destino histórico del proletariado y las labores que debían desarrollarse en aquel sentido.

Dicha claridad queda explicada en su Declaración de Principios:

“Conquistar la libertad efectiva, económica y moral, política y social de la clase trabajadora, obreros y empleados de ambos sexos, aboliendo el régimen capitalista con su inaceptable sistema de organización industrial y comercial, que reduce a la esclavitud a la mayoría de la población. Abolido el sistema capitalista, será reemplazado por la Federación Obrera de Chile que se hará cargo de la administración y de sus consecuencias”. [4]

            Nunca antes una organización del sindicalismo libre había declarado abiertamente la toma del poder por la clase trabajadora y en ello radica la gran importancia de Luis Emilio Recabarren, al hacer comprender a sus compañeros de clase la necesidad de tomar el poder por sus propias manos dejando de lado las luchas meramente reivindicativas y economicistas.

            El movimiento popular continuó en un alza sostenida hasta 1920, época de su “cénit” en donde diversidad de agrupaciones, como la FOCH, FECH, IWW, Asociación General de Mutuales, entre otras demostraron su descontento y organización frente a la crisis económica que vivía el país tras el fin de la Primera Guerra Mundial, crisis que como siempre, pagaron los más desposeídos. Se agruparon en torno a la Asamblea Obrera de Alimentación Nacional – AOAN – y llevaron a cabo las famosas “marchas del hambre” en contra de las paupérrimas condiciones materiales en que se encontraba buena parte de los obreros en el país.

            Tras este momento álgido en el avance del movimiento popular vino la respuesta del bloque burgués en el poder y la posterior cooptación de amplias capas de este movimiento en torno a las promesas del populismo de Arturo Alessandri.

            El bloque en el poder comprendió que era necesario un cambio en las estrategias que se venían desarrollando para contener el avance del proletariado en torno a sus problemáticas más sentidas. La represión descarnada de años anteriores y el mutismo absoluto proveniente desde el Parlamento frente a dichos acontecimientos no hacía más que provocar y desarrollar el germen revolucionario entre los sectores populares de nuestro país, y la experiencia histórica de la recientemente vencedora Revolución de Octubre de 1917 les hacía comprender que debían dar conducción a dichas demandas y encausar por el camino de las reformas aquel movimiento obrero en constante alza y lucha por sus reivindicaciones.

            Es en este escenario que aparece Arturo Alessandri como la mejor carta de la burguesía y el Parlamentarismo. Senador por el Norte Salitrero se presentaba como un político confiable, cercano y paternalista capaz de convencer a las masas de su proyecto político y así llevarlas por el camino del colaboracionismo una vez fuese elegido presidente en las elecciones de 1920. Incluso buena parte de socialistas y anarquistas confiaron en las promesas del “León de Tarapacá”, ya que veían a su futuro gobierno como el vehículo perfecto gracias al cual lograrían encausar y llevar a buen puerto las luchas desarrolladas en años anteriores.

            Ya en el estrado presidencial, Alessandri dio prontas señales de su política reformista y en 1920 promulga la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria, la cual venía a responder a una de las demandas más sentidas dentro del movimiento obrero: la educación. Las ilusiones que inicialmente generó esta ley se difuminaron prontamente una vez analizada y comprendido el poco alcance que tendría la misma dentro de los sectores obreros, por lo que a pesar de la temprana promulgación de esta ley el piso político de apoyo al presidente se fue difuminando con rapidez entre los sectores obreros revolucionarios. Las disputas ideológicas entre liberales y conservadores en el Parlamento y la recurrente táctica de entrampar las discusiones en torno a las leyes propuestas por el presidente dieron como resultado un gobierno que no cumplía con las promesas de campaña asumidas.

 La impaciencia se mezcló con la incertidumbre dentro del movimiento obrero, ya que mientras el gobierno en el cual muchos habían confiado no daba respuesta a las demandas más sentidas por los sectores populares la cesantía y la carestía hacían mella en el norte salitrero en plena crisis de inicios de la década de 1920. Estas condiciones generaron nuevas movilizaciones entre los obreros salitreros, las cuales confirmarían también el carácter de clase del gobierno y el bando al cual este siempre apoyaría. Cuenta de ello dio la matanza de San Gregorio durante 1921, perpetrada por fuerzas policiales en contra de obreros movilizados para evitar el cierre de la oficina en la cual trabajaban. Una vez conocido este hecho, no pocos fueron los obreros que comprendieron la real cara del gobierno de turno e iniciaron la reactivación de huelgas y paros como método de presión hacia los patrones y el gobierno.

A pesar de este ciclo de nuevas movilizaciones que se abría tras un período de reflujo provocado por las promesas alessandristas no fue el Movimiento Obrero quien puso en jaque definitivo al gobierno alessandrista, sino que fue un nuevo actor político que aparecía en escena: los militares. Frente a promesas incumplidas y bajos sueldos entre la oficialidad, jóvenes militares se apostaron durante 1924 en el Congreso amenazando abiertamente a los parlamentarios respecto a la amenaza de un golpe de Estado, por lo que el curso de las cosas comenzaría a cambiar y durante 1925, haciendo caso de dichas presiones, se promulgaron  una serie de leyes sociales que respondían en parte a las demandas históricas del movimiento de trabajadores, como seguro obrero, jornada laboral de ocho horas de trabajo, clarificación de contratos entre empleador y obrero, ley de accidentes laborales, etc.

Si bien la promulgación de estas leyes calmó los ánimos en algunos sectores del proletariado chileno, otros se mostraban críticos con respecto a una salida consensuada por la burguesía a sus principales problemáticas. Quién más claridad demostraba frente a estos hechos y líder político natural de los sectores obreros socialistas era Luis Emilio Recabarren, quien lamentablemente se suicidó en diciembre de 1924 dejando al movimiento obrero sin uno de sus elementos más destacados y clarificados en torno a las coyunturas que se iban presentando en el desarrollo de la lucha de clases.

La misma lucha de clases demostraba que las páginas sangrientas dentro del movimiento obrero volverían a reescribirse en 1925, con las matanzas de La Coruña y Marusia, perpetradas por las fuerzas militares y policiales de un gobierno que, se suponía, defendía la causa obrera. Estas matanzas se ubicaban en un contexto de profundizada crisis económica para la industria salitrera, la cual penetró a los bloques políticos en el poder quienes comenzaron a perder su capacidad de conducción frente a una problemática que no parecía solucionarse a corto plazo. En este contexto surge la figura de Carlos Ibáñez del Campo, quien prontamente aprovecharía de sacar réditos a esta política dubitativa, alzándose como un importante caudillo que en años venideros pondrá en jaque y reprimirá sin tapujos al movimiento obrero chileno.

Ya establecido en el poder como Ministro de Defensa de Alessandri, Ibáñez demostró su política anti huelguística con su directa participación en las matanzas de La Coruña y Marusia durante 1925. Posteriormente, y  aprovechándose de la agitada situación política y social que vivía el país y las constantes pronunciaciones del poder militar termina por adjudicarse la presidencia del país de manera unilateral en 1927, tras un período en el cual Alessandri prácticamente ofició de títere de sus pretensiones.

Como presidente Ibáñez del Campo demostró una clara política anti sindical, desarticulando muchos sindicatos y organizaciones políticas obreras por considerarlas “nocivas” para el proyecto político que intentaba implementar en nuestro país: un gobierno de características corporativistas en el cual pudiese asentarse durante largos años y así impregnar a toda la sociedad en función de su proyecto. En esta intentona fue apoyado por miembros de la burguesía y el empresariado chileno opositores a la política que venía llevando a cabo Alessandri, por lo que no opusieron mayor resistencia una vez el militar se hizo con el poder.

Cómo se dijo en párrafos anteriores, la represión hacia el movimiento obrero fue tónica recurrente durante la dictadura del “Paco Ibáñez” – como era conocido dentro de los sectores populares – y el exilio y la detención fueron importantes armas con las cuales el gobierno de Ibáñez reprimió a socialistas, demócratas y anarquistas por igual. A quienes no reprimió intentó cooptarlos mediante el artificio de un Sindicalismo Legal, bajo el cual los sindicatos debían alinearse con las políticas de gobierno en vista de la formación de una Confederación multi sindical proclive al gobierno, tal cual se planteaba en las bases de la “fórmula” para crear un gobierno corporativista.

A pesar de dichos esfuerzos de cooptación del movimiento obrero por parte de Ibáñez, nunca logró la formación de una multi sindical proclive a su proyecto debido a la férrea resistencia de quienes aún no lograban ser encarcelados y/o enjuiciados, tomando vital importancia en dicha resistencia el Partido Comunista, fundando en 1922 y alineado con la Tercera Internacional Soviética. Dicha resistencia se configuró en torno a protestas, marchas y elementos de resistencia al cerco comunicacional e informativo que intentaba estructurar la dictadura, mediante la elaboración de periódicos clandestinos y publicaciones varias que demostraban las verdaderas condiciones del movimiento obrero y popular bajo el gobierno ibañista.

Esta resistencia comenzó a adquirir gran fuerza tras 1929, cuando los coletazos de la gran crisis del capitalismo global mostraron una de sus peores caras en nuestro país, con un aumento indiscriminado del desempleo y una inflación galopante que disminuía progresivamente las condiciones de vida entre los sectores populares. La resistencia y el descontento que dicha crisis generó pusieron en jaque al gobierno de Ibáñez, que no contaba con el apoyo político de toda la élite y nunca supo dar conducción y soluciones reales a la crisis que golpeaba nuestro país.

Aquella situación terminó por provocar la renuncia de Ibáñez durante julio de 1931, alejándose de la política nacional durante un tiempo corto e inaugurando un nuevo período de inestabilidad política y social en nuestro país.

 

El sindicalismo legal y la colaboración de clases (1930 – 1970)

Esta etapa está marcada por un colaboracionismo de clases entre un sector del proletariado y la mayoría de los gobiernos que fueron sucediéndose durante el período. El sindicalismo legal demostró ser una herramienta bastante útil para los gobiernos del período, quienes aprovecharon de posicionar al movimiento obrero de su lado en torno a proyectos políticos cercanos a la izquierda y los sectores populares, gracias a la política impulsada por el Partido Comunista chileno de crear Frentes Populares en nuestro país.

Antes de la irrupción de los Frentes Populares como elemento de unión entre distintos partidos dentro de la política chilena debemos profundizar en torno a la llamada “República Socialista” de 1932 y el segundo gobierno de Arturo Alessandri Palma.

En el primer caso debemos indicar que hacia 1932 el movimiento obrero se encontraba disgregado y golpeado por la dictadura de Carlos Ibáñez del Campo, por lo que la experiencia de la República Socialista de los 12 días – tras un golpe de Estado perpetrado por Marmaduke Grove al gobierno de Juan Esteban Montero – lo encontró sin mayor capacidad de reacción y postura política clara frente a los hechos que venían desarrollándose en nuestro país. Cabe hacer mención que ante este nuevo escenario provocado por la profundizada crisis que vivía el país las posturas del movimiento obrero se clarificaron como diversas: mientras algunos demostraban su apoyo hacia el gobierno que decía llamarse “socialista” y no dudaron en intentar colaborar con los militares golpistas comandados por Marmaduke Grove, otros se mostraron cautos ante este nuevo escenario, conscientes de que eran los militares quienes volvían al poder y todo ello implicaba mantener una postura lo suficientemente lejana. En esta línea se planteó el PC, a la fecha el partido político de izquierda más numeroso y que decía representar los intereses del movimiento obrero en su generalidad.

Las desavenencias dentro del movimiento obrero respecto a las posturas tomadas ante la República Socialista de 1932 no encontraron mayores canales de desarrollo debido a la corta duración de esta experiencia, que terminó por ser sucedida por una serie de golpes de Estado fraguados por sectores oligarcas y perpetrados por militares y civiles que se opusieron ante este proyecto. Finalmente, tras una serie de gobiernos de cortísima duración y una inestabilidad política tremenda, termina por ser elegido nuevamente como presidente de la República Arturo Alessandri Palma, ya que se veía en él al caudillo que sería capaz de acabar con la profundizada crisis que afectaba a nuestro país.

Esta crisis no dejó al gobierno de Alessandri tranquilo durante ningún momento y aquello provocó una reactivación del movimiento obrero, el cual supo reorganizarse y pelear por sus demandas. Debe hacerse notar que en este período existían fuerzas del movimiento obrero que en torno a la figura del sindicalismo legal eran parte de la colaboración con la clase dominante, pero la mayoría del proletariado chileno se mantenía distante en torno a un gobierno que no parecía dar curso a las soluciones de la crisis y peor aún, respondía con represión las manifestaciones en su contra. Claro ejemplo de la represión perpetrada fue la masacre de Ranquil, en la cual murieron más de cien campesinos mapuche de la zona de Malleco por alzarse en contra de los latifundistas de la localidad. Corría el año 1934 y el gobierno alessandrista nuevamente demostraba en los hechos a quién servía, tal como lo había demostrado años atrás en Marusia y La Coruña.

La represión perpetrada contra los campesinos mapuche en Ranquil y los grupos de izquierda que apoyaron sus sublevación hizo comprender a la mayoría del movimiento obrero la importancia de no volver a cometer los mismos errores del pasado en las próximas elecciones presidenciales, por lo que desde aquella fecha fue adquiriendo fuerza la idea de crear un Frente Popular en el cual trabajaran en conjunto partidos políticos de izquierda y centro, con el fin de evitar una nueva elección de la derecha y lograr por primera vez en la historia la elección de un presidente cercano a los “intereses populares”. Los mayores interesados en la conformación de este Frente fueron los dirigentes del Partido Comunista, ya que este partido, alineado con la Unión Soviética, observaba como el Politburó asumía como estrategia para el período la conformación de Frentes Populares, dentro de los cuales se congregaran partidos diversos, incluso si estos no se  declaraban marxistas.

El Frente Popular terminó por salir a la luz en 1936 y desde allí se embarcó en su misión de lograr ganar las presidenciales durante 1938. Para la clase trabajadora en su conjunto, este Frente Popular se configuraba como la opción política a seguir y a la cual colaborar, ya que prometía representar los intereses de la izquierda y el proletariado chileno. Dicho colaboracionismo puede verse reflejado en la declaración de principios de la Confederación de Trabajadores de Chile, la cual afirmaba que

“Para derrotar al fascismo y llevar adelante el progreso económico y social del país, la clase obrera debe aliarse con otros sectores y encabezar la lucha de todas las fuerzas democráticas y progresistas, interesadas en la terminación de las supervivencias semi feudales y en el desarrollo de una gran industria nacional para abrir cauce al engrandecimiento de la patria y asegurar el bienestar de las masas trabajadoras.”[5]

            Tal como expresa esta cita, proveniente de una confederación que agrupaba a buena parte de los sindicatos del país, ciertos sectores del movimiento obrero comprendían a la luz del contexto en el cual se encontraban inmersos que el enemigo a vencer era el fascismo, tan desarrollado en Europa como ideología y que echaba sus primeras raíces en nuestro país. Para ello, era necesario establecer alianzas con fuerzas “democráticas y progresistas” y acompañar el desarrollo de la gran industria, propuestas todas que el Frente Popular asumiría como sus bases programáticas. Como vemos, parte importante de nuestra clase obrera confiaba en el cambio que traería este Frente Popular y se mostraba proclive al apoyo que este necesitase, dejando de lado la lucha directa contra la explotación y el sistema capitalista si esta lucha pasaba a llevar el buen cause del gobierno del Frente Popular. Se confiaba entonces, que aquellas luchas serían apoyadas y respaldadas desde el gobierno y no habría necesidad de llegar a la acción directa y las huelgas y paros como se venían desarrollando las luchas del movimiento obrero hasta ese entonces.

            En 1938 es elegido Pedro Aguirre Cerda presidente de la República y por primera vez en nuestro país era electo un mandatario representante de una alianza de centro-izquierda, trayendo como dijimos amplias ilusiones en diversos sectores del movimiento obrero. El principal nexo que tendría el gobierno con los sectores proletarios sería el Partido Comunista, que se encargaría durante los años venideros de llevar las luchas obreras por un cauce que no afectara mayormente a las políticas del Frente Popular, iniciándose entonces la etapa conocida como “colaboracionismo de clases” según algunos historiadores del movimiento obrero como Humberto Valenzuela y Luis Vitale.

            Principalmente esta etapa está definida por la conformación y el desarrollo del Sindicalismo Legal como base de la movilización y las disputas llevadas a cabo por el movimiento obrero. En ella cada huelga y paro debe ser declarada legal y existirán marcos jurídicos que definan si una huelga es o no ilegal. De ser ilegal una movilización en particular puede ser reprimida y acabada por el gobierno de turno. Durante la época esta concepción apuntaba hacia la injustificada necesidad de acudir a la acción directa dentro de un gobierno que se encargaría de “representar y luchar por los obreros”. Para el Partido Comunista era totalmente necesario que las movilizaciones obreras se mantuvieran dentro de estos marcos legales, ya que su conglomerado político formaba parte del Frente Popular, a pesar de no poseer representatividad dentro del gabinete.

            Los sucesivos gobiernos del Frente Popular – Pedro Aguirre Cerda y Juan Antonio Ríos – vendrán a clarificar las disputas entre los partidos políticos que decían apoyar las luchas de la clase obrera. Mientras el Partido Socialista –fundado en 1933 por Marmaduke Grove – se dividía debido a la negativa de su facción trotskista por formar parte de esta alianza las disputas dentro del Partido Comunista también eran persistentes, las cuales se replicaban incluso con los otros conglomerados políticos debido a los dispares análisis en torno a la conveniencia estratégica de formar parte de una alianza con partidos como el Radical. En síntesis, dentro del movimiento obrero las dudas se masificaron y las posturas estribaban entre aquellos que poseían militancia en los grandes partidos de izquierda y apoyaban al Frente Popular; y entre los miles de obreros que consideraban necesario continuar con la lucha revolucionaria sin entrar en alianzas con partidos que hasta hace poco se beneficiaban del sistema parlamentario. En dichas discrepancias lograrían mayor fuerza las posturas de los grandes partidos – especialmente el comunista – apoyadas por el aparataje gobiernista.

            Este mayor apoyo logrado por el Frente Popular de parte de los obreros no obedece sólo al manejo político llevado a cabo por el Partido Comunista y otras organizaciones de izquierda proclives al gobierno, también fue de vital importancia el repunte económico que vivió nuestro país durante la época gracias a la Industrialización por Sustitución de Importaciones  – Sistema ISI -, que comenzaba a dar sus primeros frutos expresados en la disminución de la inflación, disminución de los índices de desempleo y aumento progresivo del salario en algunos sectores obreros y que convencían a los beneficiados con este repunte de que el apoyo al Frente Popular debía continuar su curso por parte del movimiento obrero.

            La situación descrita se mantuvo sin mayores modificaciones hasta la elección de Gabriel González Videla como nuevo presidente de la República en 1946, siendo electo con un amplio apoyo del Partido Comunista y con un Frente Popular ya disuelto, debido a la salida del Partido Socialista de la coalición. Una vez en el estrado presidencial y con el apoyo de los comunistas a su favor González Videla procuró continuar en parte las políticas llevadas a cabo por sus predecesores, pero la reactivación de las luchas del movimiento obrero frente a una economía que no avanzaba como años anteriores, sumado a las exigencias del Partido Comunista al gobierno por responder a las necesidades más sentidas de la población, llevaron al gobierno a bifurcar su camino hacia la derecha, iniciándose una etapa de represión a los sectores en lucha.

            Esta etapa de represión hacia el movimiento obrero y los partidos políticos de izquierda alcanza su punto más álgido entre 1947 y 1948, ya que en el primero de estos años se produce la gran huelga del carbón en Lota y Coronel, terminando más de 2000 mineros arrestados por el sólo hecho de luchar por condiciones laborales mínimas en su lugar de trabajo. A la sazón, la represión invocada durante estos años termina por decantarse en la famosa “Ley de Defensa Permanente de la Democracia” de 1948, que declaraba proscrito al Partido Comunista y en la ilegalidad a sus militantes, por lo que podían ser perseguidos y encarcelados en función de considerárseles elementos nocivos y peligrosos para la nación. Realmente las motivaciones de esta ley hacían causa con el anti comunismo imperante en el contexto de Guerra Fría, recurriendo a este recurso el gobierno de Videla para frenar el avance e influencia del PC entre los sectores proletarios y las crecientes movilizaciones obreras. Desde 1948 hasta el fin de su gobierno González Videla trabajó en conjunto con una coalición de centro-derecha y dejó absolutamente de lado su relación con los sectores proletarios. Una vez más, los gobiernos que se decían “populares” terminaban por dejar en la vereda a la clase obrera.

            El fin del gobierno de González Videla no fue para nada auspicioso, a pesar de tener controlados, en parte, a los “elementos nocivos” que atentaban contra el buen andar de su gobierno. Una economía en creciente inflación y el progresivo aumento de las tasas de desempleo eran reflejo del agotamiento que demostraba el sistema ISI, quizás el único apoyo del cual podría agarrarse el gobierno para perpetuar a sus candidatos en la presidencia.

Además de los problemas estructurales de la economía chilena la población observaba con enojo y desencanto las volteretas que habían dado los partidos políticos oficialistas durante el mandato de González Videla. Un gobierno que partió apoyado por un bloque de izquierda y que luego bifurcó hacia la derecha generaba grandes dudas entre el electorado, que se demostraba cansado de los juegos de la “politiquería” chilena y necesitaba un cambio en miras a las elecciones presidenciales. Aquel cambio apareció en la figura de un “viejo conocido”, Carlos Ibáñez del Campo, quien a pesar de la dictadura que había liderado y la represión sobrellevada durante la misma terminó por ser electo nuevamente presidente de la República e iniciando sus funciones en noviembre de 1952.

Mientras Ibáñez prometía acabar con la crisis económica y las desavenencias en la política de los grandes partidos mediante la metáfora de “la escoba” el movimiento obrero chileno analizaba las oportunidades y limitaciones que podría ofrecer dicho gobierno para sus pretensiones. A pesar del colaboracionismo que aún imperaba en pequeños partidos políticos de izquierda y en buena parte de sindicatos – como el Partido Socialista Popular – una buena fracción de la clase proletaria tenía conciencia de la incapacidad de Ibáñez de volver a resurgir un gobierno dictatorial a la luz del contexto político nacional e internacional en el cual se encontraba inmerso, con bloques políticos sumamente definidos en el mundo y una crisis económica que podría volverse crisis de ingobernabilidad si los movimientos del gobierno no eran los correctos. Este era el escenario que se presentaba para Ibáñez y el movimiento obrero.

La incapacidad de establecer alianzas políticas duraderas aparte de los pequeños partidos que definían su apoyo llevó a Ibáñez a estribar entre izquierda y derecha durante su gobierno durante más de una ocasión. Asumiendo en conjunto a grupos políticos de izquierda para luego virar hacia la derecha una vez sus pretensiones no se vieron cumplidas el gobierno ibañista caía en el mismo juego al cual tanto criticó en su campaña electoral. La explicación a este hecho la encontramos en un gobierno débil políticamente hablando, con ausencia de propuestas y ejes programáticos claros para hacer frente a la crisis que vivía nuestro país. Esto lo llevó a una escalada inflacionaria nunca antes vista que alcanzó niveles por sobre el 100%, alzándose incluso el fantasma de un auto golpe sobre el horizonte, recurso que nunca llegó a utilizar Ibáñez por el miedo a la profundización de la crisis que esta acción pudiese generar.

Mientras el gobierno estribaba entre diversidad de posturas políticas y se mostraba incapaz de solucionar los problemas más sentidos de la población el movimiento obrero regeneraba y reagrupaba sus fuerzas en torno a las luchas libradas por el sindicalismo. Fortaleciéndose a cada paso gracias a la acción de eminentes líderes sindicalistas – entre ellos uno de los más destacados fue Clotario Blest – el movimiento sindical nuevamente adquirió matices clasistas y revolucionarios en torno a la recientemente fundada Central Única de Trabajadores de Chile, la cual dejaba muy en claro sus objetivos una vez fundada:

“Que el régimen capitalista actual, fundado en la propiedad privada de la tierra, de los instrumentos y medios de producción y en la explotación del hombre por el hombre, que divide a la sociedad en clases antagónicas: explotados y explotadores, debe ser sustituido por un régimen económico-social que liquide la propiedad privada hasta llegar a la sociedad sin clases, en la que se aseguren al hombre y a la humanidad su pleno desarrollo.
Que el Estado Capitalista es una expresión de esta lucha de clases, y por lo tanto, mientras subsista el capitalismo en cualquiera de sus formas, éste será su instrumento de explotación (…) Que frente al régimen capitalista, la Central Única de Trabajadores realizará una acción reivindicacionista encuadrada dentro de los principios y métodos de lucha de clases, conservando su plena independencia de todos los gobiernos y sectarismos políticos partidistas.”[6]

            Como puede observarse de esta declaración de principios publicada en 1953, la CUT volvía a retomar las banderas de la lucha de clases y no escondía sus objetivos revolucionarios a diferencia de su antecesora, la CTCH. Comprendían entonces que la manera de acabar con la crisis constante en nuestro país no eran las alianzas estratégicas con partidos representantes de la burguesía, sino que la lucha en conjunto de la clase obrera por lograr su objetivo final.

            Esta política de la CUT, con algunas desavenencias internas entre medio y conflictos entre los partidos que la componían, se mantuvo hasta la elección de Salvador Allende como presidente de la República, gobierno con el cual colaboraron activamente desde su dirección por considerarlo un representante fidedigno de los intereses de la clase trabajadora.

            Desde su fundación la CUT demostró el poderío político que podía demostrar frente al gobierno ibañista, y el andar dubitativo del mismo no hizo más que fortalecer las posturas de la multi sindical ante las coyunturas que se fueron presentando durante el período. Prontamente la oportunidad de demostrar dicho poderío se presentó a la CUT con la llegada de la Misión Klein Sacks a nuestro país, la cual buscaba liberalizar la economía y reducir al Estado para así poder detener la crisis económica. Dichas medidas no surtieron los efectos esperados y hacia 1957 afectaban principalmente a la clase trabajadora y los sectores populares, dentro de los cuales ubicamos a parte del estudiantado universitario. Este se reveló ante las alzas del transporte público en 1957 y a sus protestas se plegó la Central Única de Trabajadores convocando al mayor paro general que ha vivido nuestro país en cuanto a números de trabajadores plegados, con más de un millón de parados durante un día completo.

            Los días 2 y 3 de abril demostraron la enorme crisis de ingobernabilidad en la cual estaba sumido el mandato de Ibáñez. La movilización prontamente adquirió ribetes violentos y columnas de estudiantes y trabajadores se enfrentaron a Carabineros y el Ejército en una enorme asonada dentro de Santiago, dejando un saldo de más de 19 muertos y 200 heridos y al gobierno declarando Estado de Sitio. A pesar de las bajas sufridas principalmente en las filas proletarias, el gobierno debió retroceder en sus tentativas de liberalización de la economía y ni siquiera pudieron ser capaces de aumentar el precio de las tarifas en el transporte público. El movimiento popular lograba una importante victoria, aunque con un enorme costo humano debido a la represión sufrida.

            Ibáñez terminaría en pésima condición su mandato hacia 1958 y la burguesía aprovechaba para cerrar sus filas en torno a un candidato de su gusto: Jorge Alessandri, destacado empresario y visto por el electorado como buena solución a la crisis, ya que “conocía como funcionaba la economía”.

            Electo por un estrecho margen frente a Salvador Allende debido a la legalización del Partido Comunista durante 1958 y los votos que éste destinó para el médico socialista, la elección de Jorge Alessandri ya demostraba la correlación de fuerzas que irían desarrollándose en el campo político chileno, las cuales condicionarían las siguientes elecciones presidenciales: por un lado la derecha y los representantes de la burguesía se encontraban disgregados políticamente, sin demasiados puntos de encuentro y buscando forjar su propio sistema de alianzas; mientras, la izquierda chilena se fortalecía tras las experiencias comunes vividas durante el gobierno de Ibáñez del Campo y ya era capaz de formar un Frente Popular lo suficientemente fuerte como para disputar las elecciones: el FRAP, con Salvador Allende como su candidato recurrente. Finalmente, el “centro político” adquiría notoriedad y creciente representación entre los sectores medios y populares con la reciente creación del Partido Demócrata Cristiano, importante actor político durante los años venideros.

            El gobierno alessandrista logró cautivar a una buena parte del electorado – no sólo de derecha y cercanos al sector empresarial, también personas del sector popular votaron por él – porque se presentaba como una candidatura independiente y alejada de los vicios políticos de los partidos, la cual contaría en su gabinete con técnicos y especialistas capacitados para hacer frente de manera exitosa a la crisis económica que vivía nuestro país. Los primeros años fueron beneficiosos en aquel sentido, con las arcas fiscales suficientemente saneadas y una economía que parecía repuntar tras un largo período de crisis.

            Lamentablemente para las pretensiones del gobierno, la recuperación económica pasaba por una necesaria bifurcación desde una economía estatista y proteccionista hacia una economía liberal, en la cual el mercado definiría la necesidad de las cuotas de empleo y el nivel salarial que recibirían los obreros y obreras de nuestro país. Esto provocó gran desaprobación entre el movimiento obrero que veía como las cuotas de desempleo tendían a aumentar y el nivel de vida no aumentaba significativamente, cundiendo el descontento y re posicionándose el movimiento popular en función de sus necesidades más sentidas, como la vivienda y el empleo.

            Estas necesidades configuraron las acciones llevadas a cabo por obreros y pobladores, siendo dignas de destacar durante el período la huelga llevada a cabo por los obreros de MADECO y MADEMSA en 1960 que terminó con fuerte represión policial; y las tomas de terrenos llevadas a cabo por pobladores, que muchas veces terminaron de manera violenta como atestigua la matanza de la Población José María Caro durante 1962, en la cual murieron seis pobladores a manos de soldados en un marco de protesta nacional convocado por la CUT. Como puede observarse, independiente de si los gobiernos obedecían a coaliciones políticas determinadas o se declaraban abiertamente cercanos a las necesidades de la clase obrera, las matanzas y la violencia fueron – y son – factor común en nuestra historia y se han desarrollado principalmente en los momentos más álgidos de la lucha de clases en el país, revelando la verdadera cara de un capitalismo que no ha tenido problema en reprimir con violencia las reivindicaciones del pueblo, haciendo uso de toda la fuerza del aparato estatal para lograr sofocar estos movimientos.

            Volviendo a lo que nos convoca, los años sesenta lograban avizorarse como un período álgido dentro de la lucha de clases gracias a la progresiva toma de consciencia que se desarrollaba entre los sectores proletarios. La misma lograba encontrar su cauce dentro de un contexto de gobiernos poco capaces para enfrentar la crisis estructural de la economía chilena, ya que hacia el fin de su mandato Alessandri nuevamente debió observar cómo la inflación volvía como un fantasma a sembrar pánico entre su gabinete. La CUT, haciendo eco de dichas problemáticas estructuró sus métodos de lucha en forma de paros por rama productiva, poniendo en jaque durante variadas ocasiones al gobierno de Jorge Alessandri y a quien sería su sucesor, Eduardo Frei Montalva.

            1964 se presentaba en nuestro país con un movimiento obrero fortalecido en torno a la CUT y unas elecciones presidenciales en las cuales no parecía sorprendente ver al FRAP ganando el conato. La derecha se encontraba deslegitimada tras el mal cierre del gobierno alessandrista y partidos tradicionales como el Radical tampoco lograban levantarse de su incapacidad para preparar propuestas programáticas atrayentes al electorado. Así el estado de cosas la lucha electoral se desarrollaría entre la cada vez más fortalecida Democracia Cristiana y el FRAP, con la “amenaza izquierdista” latente entre el bloque en el poder, debido a la recientemente vencedora Revolución Cubana de 1959 y el influjo que produjo entre todas las organizaciones revolucionarios de nuestra Latinoamérica.

            En aquel contexto la derecha jugó bien sus cartas y planteó todo su apoyo a la candidatura de Eduardo Frei Montalva, ya que tanto ellos como Estados Unidos, potencia mundial que intervino activamente en estas elecciones, consideraban que un gobierno demócrata cristiano era el único capaz de detener el avance de los sectores populares y de la propuesta que más fielmente representaba sus pretensiones, el FRAP de Salvador Allende. Esto debido a una política social que se posicionaba como novedosa y progresista, pero sin tocar un ápice los intereses del empresariado local ni internacional, por lo tanto sin tocar un ápice los intereses del capitalismo mundial.

            La promesa de la “revolución en libertad” terminó triunfadora gracias al apoyo de la derecha y la campaña mediática orquestada por la CIA, y el gobierno de Eduardo Frei Montalva tenía frente a sus ojos la difícil misión de cambiar las problemáticas sociales y económicas y volver más equitativos los ingresos bajo el alero de una economía capitalista. Sus intenciones iniciales, al menos, apuntaron hacia esa dirección. Con el apoyo del PDC – partido político más poderoso en Chile hacia la época – y la clara intención de que el pensamiento demócrata cristiano se insertara entre los sectores populares la “DC” inició su camino político.

            Los pilares fundamentales para el gobierno entrante apuntaban al mejoramiento de una economía alicaída. La Chilenización del cobre, creación de una Reforma Agraria y la participación popular eran las bases sobre las cuales la democracia cristiana se sustentaría y desarrollaría para convencer a toda una nación del proyecto político que se llevaba a cabo. La participación popular, a diferencia de lo que afirman un gran número de resúmenes historiográficos no sólo apuntaba a fomentar el desarrollo de Juntas de Vecinos y Centros de Madres, también adquiría vital importancia la inserción de la Democracia Cristiana en los sindicatos obreros y preferentemente en la Central Única de Trabajadores.

            Esta inserción se venía desarrollando desde años atrás y durante el gobierno de Frei Montalva no hizo más que profundizarse, dividiéndose la Central entre un gran número de militantes del PS, PC y DC, sumándose a una mayoría que no poseía militancia en particular pero que, generalmente, comulgaba con las propuestas de uno u otro bando.

            A pesar del proyecto de moderación del avance en el campo popular en torno a las ideas revolucionarias la Democracia Cristiana no logró convencer del todo en su gobierno a los sectores proletarios. Si bien se logró avance en materias económicas y la inflación pudo contenerse en buenos términos durante gran parte del gobierno, la propia labor de los obreros en los sindicatos de sus respectivas fábricas y faenas les fueron demostrando que la vía de la participación popular debía superarse para cimentar el camino del control de la producción sin tener que entrar en constantes negociaciones con los patrones. En aquel sentido al PDC terminó saliéndosele el “tiro por la culata” con su fomento a la participación popular, ya que esta propia participación fue trazando un camino más llano y amplio para que la izquierda lograra al fin llegar al poder mediante el voto de un candidato afín.

            Los últimos años del gobierno de Frei no se desarrollaron como hubiese esperado su conglomerado político y la inflación volvió a ser un quebradero de cabezas. Además, el empoderamiento que se demostraba en el campo popular iba en aumento y las ideas revolucionarias se esparcían como reguero de pólvora entre sectores estudiantiles y proletarios, como quedó ejemplificado con la creación del Movimiento de Izquierda Revolucionaria durante 1965, organización que se planteaba sin tapujos como revolucionaria y consideraba que la toma del poder debía ser necesariamente por las armas. Como vemos, el influjo de la Revolución Cubana fue fuerte en todo Latinoamérica y los hechos demostraban que los tiempos estaban cambiando.

            Ante la incertidumbre de una economía aún frágil el movimiento obrero y popular comenzaba a responder llevando a cabo acciones como tomas de predios y de terrenos para acelerar la Reforma Agraria, demostrando que había muchos que ya no estaban para seguir esperando un cambio estructural que no llegaba y sólo en sus manos recaía la posibilidad de un mañana mejor, por lo que la Unidad Popular recogería como suyos aquellos anhelos y se configuraría como la opción a votar por todos quienes desearan finalmente lograr el socialismo.

 

Avances y disputas del movimiento obrero en “su gobierno” (1970 – 1973)

Hacia 1970, año en el cual se llevarían a cabo las elecciones presidenciales, el análisis de la situación política en nuestro país arrojaba bastantes conclusiones: una derecha reestructurada y agrupada en torno a un nuevo partido, el Partido Nacional fundando durante 1966; un centro político prácticamente inexistente y representado por un alicaído Partido Demócrata Cristiano y una izquierda que conformaba un nuevo frente popular y ahora, por primera vez en la historia, se presentaba como una opción realmente representante de los intereses de la clase obrera.

Frente a los niveles de consciencia política adquiridos dentro del movimiento obrero en años de luchas de todo tipo la Unidad Popular se presentaba como el gobierno que debía ser elegido, con un candidato declarado abiertamente marxista y la promesa de un “socialismo a la chilena” como bandera de lucha. Así el estado de cosas, las elecciones se configuraban en torno a Jorge Alessandri como candidato de la derecha, Radomiro Tomic como candidato de la DC y Salvador Allende como candidato de la izquierda y el campo popular, a sabiendas del proyecto que este último planteaba, el cual era ni más ni menos que la instauración del socialismo en nuestro país.

La tensión era tremenda en nuestro país hacia 1970, el fantasma de un conato golpista – Tacnazo de 1969 – y las enormes diferencias ideológicas existentes entre las opciones de la derecha y la izquierda demostraban que el destino del país se jugaba más que nunca durante las elecciones presidenciales. Todos parecían tener algo que perder, por un lado la gran burguesía nacional temía a la elección de Allende porque sabían que pondría en jaque sus intereses económicos y los dejaría sin el apoyo del Estado; mientras que la izquierda, sobre todo los sectores proletarios, parecían jugarse sus últimas cartas, daba la sensación de que era el “ahora o nunca” para alcanzar finalmente el socialismo. Muchos obreros venían organizándose secretamente dentro de sus empresas y necesitaban de la elección de un candidato que resguardase sus intereses para así no perder la batalla frente a la patronal, ya que de lo contrario estaban lo suficientemente claros de que muchos perderían sus respectivos trabajos.

En este estado de tensión las campañas presidenciales fueron un claro indicador de la creciente polarización política que vivía nuestro país, con el gobierno de Estados Unidos apoyando con millones de dólares en la campaña anti allendista y una Unidad Popular que, si bien no poseía un apoyo económico tal, tenía en sus manos el apoyo de millones de chilenos que confiaban en su proyecto político. Estos millones de chilenos, finalmente, serían quienes decantarían la balanza a favor del proyecto de izquierda.

Salvador Allende era electo por estrecho margen frente a Jorge Alessandri, logrando apenas 39.000 votos por sobre su contendor y delegando la responsabilidad de elegir al nuevo presidente en el Congreso, institución que se tomaría más de un mes para dirimir al próximo presidente de Chile. Aquel mes sería uno de los más agitados de nuestra historia contemporánea, ya que mientras pobladores, obreros y campesinos celebraban la victoria de Allende la derecha tramaba por todos los medios evitar el ascenso al poder de Allende, llegando a considerar incluso el Golpe de Estado. A sabiendas del poco apoyo que los altos mandos del Ejército demostraban a esta tentativa no dudaron en el asesinato del Comandante en Jefe del Ejército y declarado constitucionalista, René Schneider, durante los últimos días de octubre.

Los conatos derechistas no surtieron los efectos esperados y no pudieron evitar la ratificación de Allende como presidente apenas dos días después del atentado contra el general Schneider, aunque la tentativa golpista colgaría constantemente como una espada de Damocles por sobre el gobierno de la Unidad Popular.

El programa de la electa Unidad Popular buscaba alcanzar el socialismo de manera paulatina y usando a su favor instituciones que históricamente habían servido a proyectos burgueses de gobierno, la idea era no sobrepasar los límites institucionales establecidos, por lo que la opción armada no era considerada y se exigía todo el apoyo posible de parte de los obreros chilenos para llevar a cabo la serie de reformas que llevarían a nuestro país al socialismo.

Para lograr aquello tanto Allende como su gabinete comprendían que el movimiento obrero en su conjunto debía ser paciente ante los cambios que fuesen desarrollándose, ya que para avanzar en aquel proyecto era necesario obtener el apoyo del centro político y la pequeña burguesía, convencerlos de que el gobierno no pasaría a llevar sus intereses sino que sólo afectaría a los intereses de los grandes capitales y monopolios.

La espera se hizo tensa durante los primeros meses de gobierno. Mientras el compañero presidente llamada a la cautela y la colaboración con su gobierno, la derecha no escatimaba en opciones para boicotear al proyecto de izquierda. Los cierres de fábricas y la baja planificada en la productividad fueron un claro ejemplo de aquello. Mientras tanto, las alianzas políticas del gobierno de Allende no prosperaban, debido a la renuencia de la Democracia Cristiana de colaborar con el gobierno – debido principalmente al asesinato de Pérez Sujovich a manos de la VOP y la “pasividad” del gobierno para esclarecer el hecho – y la inseguridad existente entre la pequeña burguesía para dar su apoyo a un gobierno que pretendía el socialismo.

A pesar de todas estas problemáticas el gobierno de Allende logró cerrar 1971 con números del todo positivos, controlando la inflación, implementando políticas sociales y mejorando la redistribución de los ingresos dentro de la nación. En conjunto con esto, se había dado un enorme paso nacionalizando el cobre durante julio del mismo año, quitando el monopolio de la extracción de este mineral a las multinacionales Kennecott y Anaconda Copper Company.

Desde los sectores populares y obreros se celebraban las iniciativas del gobierno, pero si la promesa del mismo había sido la participación de todos y esta no se estaba logrando, pues los mismos obreros, campesinos y pobladores demostrarían que su iniciativa también apuntaba en el camino revolucionario y no estaban dispuestos a seguir esperando. Los primeros meses de 1971 los obreros de la fábrica textil Yarur se hacían con el control de esta e iniciaban por sus propias manos el camino expropiatorio del gobierno de Allende, que pretendía nacionalizar alrededor de 80 empresas estratégicas para la producción nacional.

Una vez iniciado este camino de expropiaciones y la movilización del campo popular se volvía masiva para apoyar al gobierno de la UP la polarización política también tomaba su curso, ya que la derecha y los sectores burgueses no aceptarían de buenas a primeras estas medidas y en aquella tentativa arrastrarían a una parte de los denominados “sectores medios”, comenzando una espiral de tensión política y social que no terminaría hasta el violento fin del proyecto de la Unidad Popular.

El año 1972 fue un ejemplo muy clarificador respecto a lo que la burguesía estaba dispuesta a llegar para boicotear el proyecto de Salvador Allende. Los cierres de empresas sin previo aviso, la disminución de la producción, la pérdida de los stocks más estratégicos – producción alimenticia y elementos claves para la industria – y el manejo mediático en contra del gobierno trazaban un camino que iba siendo seguido por la derecha política en las calles, lanzándose en masivas marchas de descontento frente a las políticas del gobierno, acusándolo de llevar al país “a la debacle” económica y política. Mientras tanto, las posturas del movimiento obrero y popular permanecieron firmes aunque impacientes, por lo que la expropiación de empresas por los propios obreros continuó su curso y la Reforma Agraria que pretendía el gobierno intentaba ser apoyada con la toma de grandes fundos para destinarlos a la producción estatal. En las calles la fuerza de la clase obrera también se dejaba sentir, y fueron varias las marchas que congregaron a cientos de miles de personas en apoyo al “Chicho” y la Unidad Popular. Lo cierto es que la paciencia se acababa entre algunos partidos de la UP y los roces entre los mismos se volvían más recurrentes, sobre todo entre el Partido Comunista y el Partido Socialista, los más representados en el gabinete de gobierno.

La burguesía, apoyada por la CIA, jugó lo mejor de sus cartas hacia fines del año 72, cuando iniciaron una campaña de boicot al gobierno que buscaba forzar a la renuncia a Salvador Allende. Así, mientras en la calle los camioneros iniciaban un enorme paro que duró más de un mes y las torres eran voladas por miembros de Patria y Libertad, en el Congreso el Partido Nacional apoyado por parte de la Democracia Cristiana flanqueaba todas las propuestas emanadas desde el gobierno y no lo dejaba operar debido a la incapacidad de poder promulgar proyectos de ley necesarios para continuar con el camino del “socialismo a la chilena”. Eran horas bajas para el gobierno de la Unidad Popular, ya que el boicot orquestado y la baja productividad del Área de Propiedad Social – APS – producían un espiral inflacionario que hacia 1972 alcanzaba niveles por sobre el 50%.

1973 Se iniciaba entonces como un año clave para ambos bandos en la disputa del poder: por un lado la derecha y los sectores de la gran empresa veían con buenos ojos la opción del Golpe de Estado en caso de no poder lograr la dimisión de Allende, pero no estaban seguros del apoyo de las Fuerzas Armadas, por lo que se lanzarían a la construcción de un bloque golpista al interior de estas. En la otra dirección encontrábamos a un movimiento obrero cada vez más decidido a librar la batalla por el que era su gobierno, por lo que la opción de la lucha armada no era vista como un imposible pero necesitaban la venia y el apoyo táctico y estratégico de una Unidad Popular que se sumía en sus propias desavenencias frente al contexto de crisis en el cual se hallaban.

Mientras las posturas dentro del bloque gobiernista se configuraban en torno al camino del legalismo y el respeto a las instituciones de parte del Partido Radical, PC, MAPU y parte del PS; existía una parte importante del Partido Socialista que comprendía la necesidad de asumir formas más radicalizadas de avance hacia el socialismo, postura en la cual eran apoyados por una facción del MAPU y el MIR, que se hallaba fuera de la coalición de gobierno. La postura más “moderada” dentro de la cual se encontraba el presidente Allende, fue la que logró imponerse y el camino de la alianza con la Democracia Cristiana seguía creyéndose como capaz de lograrse, en confianza de unas Fuerzas Armadas que se mostraban constitucionalistas y respetuosas del gobierno al cual juraban defender.

Las elecciones de marzo de 1973 fueron claves para todos los actores políticos de la época. La centroderecha, agrupada en torno a la Confederación de la Democracia necesitaba lograr dos tercios en el Senado para así destituir constitucionalmente al presidente Allende. Al contrario de sus pretensiones, las elecciones parlamentarias fueron sumamente reñidas, con 149 senadores electos para la Confederación y 141 para la Unidad Popular, demostrando el enorme apoyo que los sectores populares seguían brindando al gobierno pese a las vicisitudes que vivía y haciendo comprender a la derecha política y la burguesía que el camino del Golpe de Estado era la mejor opción para acabar de una vez por todas con el proyecto socialista. De ahí en más, la tensión iría en constante aumento.

Uno de los momentos de más tensión vividos durante aquel período fue el Tanquetazo del 29 de junio de 1973, cuando tropas del Regimiento Blindado N°2 salieron a las calles y fueron repelidas por los soldados leales al general constitucionalista Carlos Prats, dejando como saldo 22 civiles muertos – entre ellos un camarógrafo argentino – y más de 10 soldados abatidos, transformándose en el perfecto preludio de lo que se vendría después. Pinochet posteriormente declararía respecto al Tanquetazo que esta acción tenía como objetivo medir el poderío de las tropas aún constitucionalistas y fieles al gobierno de la Unidad Popular.

Mientras ocurrían estos hechos de sangre las discusiones en las fábricas y cordones industriales aumentaban su tono respecto al qué hacer. Si bien la mayoría de los obreros parecía mostrarse crítico ante las decisiones tomadas por el gobierno seguían demostrando una enorme fidelidad con el “compañero presidente” y muchos no dudaron en dejar en claro que eran capaces de llegar hasta las últimas consecuencias con el fin de defender su proyecto, su camino hacia el socialismo. La siguiente misiva, enviada a Salvador Allende durante los días previos al Golpe Militar, deja bastante en claro esta posición:

                        “Compañero Salvador Allende:

Ha llegado el momento en que la clase obrera organizada en la Coordinadora Provincial de Cordones Industriales, el Comando Provincial de Abastecimiento Directo y el Frente Único de Trabajadores en conflicto ha considerado de urgencia dirigirse a usted, alarmados por el desencadenamiento de una serie de acontecimientos que creemos nos llevará no sólo a la liquidación del proceso revolucionario chileno, sino, a corto plazo, a un régimen fascista del corte más implacable y criminal.

Antes, teníamos el temor de que el proceso hacia el Socialismo se estaba transando para llegar a un Gobierno de centro, reformista, democrático-burgués que tendía a desmovilizar a las masas o a llevarlas a acciones insurreccionales de tipo anárquico por instinto de preservación.

Pero ahora, analizando los últimos acontecimientos, nuestro temor ya no es ése, ahora tenemos la certeza de que vamos en una pendiente que nos llevará inevitablemente al fascismo.

Por eso procedemos a enumerarle las medidas que, como representantes de la clase trabajadora, consideramos imprescindibles tomar.

En primer término, compañero, exigimos que se cumpla con el programa de la Unidad Popular, nosotros en 1970, no votamos por un hombre, votamos por un Programa. (…)

Los trabajadores sentimos una honda frustración y desaliento cuando su Presidente, su Gobierno, sus partidos, sus organizaciones, les dan una y otra vez la orden de replegarse en vez de la voz de avanzar. Nosotros exigimos que no sólo se nos informe, sino que también se nos consulte sobre las decisiones, que al fin y al cabo son definitorias para nuestro destino.

Sabemos que en la historia de las revoluciones siempre han habido momentos para replegarse y momentos para avanzar, pero sabemos, tenemos la certeza absoluta, que en los últimos tres años podríamos haber ganado no sólo batallas parciales, sino la lucha total.”[7]

               Es interesante el análisis de esta carta en cuanto clarifica de muy buena manera las posturas y análisis de los obreros agrupados en los Cordones Industriales durante los últimos tiempos de la Unidad Popular. Incluso a la luz de los hechos consideraban que era momento de seguir avanzando, de no tranzar por su proyecto y llegar hasta las últimas consecuencias por la obtención del mismo. A pesar del lamento de sentir que podrían haber avanzado de manera mucho más decidida y radicalizada en los últimos tres años no abandonaban su apoyo, aunque estaban conscientes de la amenaza que se cernía sobre ellos y su claridad era tremenda cuando decían alarmarse por el desencadenamiento “de un régimen fascista y criminal”, análisis que el tiempo, lamentablemente, terminó por darles la razón.

            Así el estado de cosas, con un gobierno flanqueado y rodeado por barreras institucionales y económicas y un movimiento obrero decidido a defender su proyecto pero sin la capacidad bélica de defenderlo, sobrevino el Golpe de Estado durante el 11 de septiembre de 1973. Si bien hubo cierta resistencia de parte de los trabajadores de los Cordones Cerrillos y Vicuña Mackenna e incluso existieron intercambios de balas los pocos obreros armados que habían no mucho podían hacer contra todo un Ejército, por lo que en cosa de un día el Golpe había logrado su objetivo y Allende yacía muerto en La Moneda, llegando a su fin la experiencia del “socialismo a la chilena”.

            Aquel 11 de septiembre la historia terminó por recordarnos que la burguesía y la oligarquía chilena no iban a renunciar a sus privilegios de manera pacífica, y a pesar de la confianza de Allende y parte de la Unidad Popular en la llegada al socialismo mediante vías pacíficas y constitucionales el enemigo mantenía muy en claro la estrategia que debía sobrellevar una vez fue electo Salvador Allende. La confianza en una institucionalidad burguesa y en unas Fuerzas Armadas tendientes de atentar contra su propio pueblo fueron el talón de Aquiles del gobierno, quien además, debido a su política de acercar posiciones en un marco institucional mantuvo al pueblo y la clase trabajadora en una constante espera que los encontró desarmados y desprovistos de capacidad de resistencia una vez sobrevino el Golpe de Estado, a pesar de que jamás dejaron de confiar en el proyecto que los llevaría hacia el socialismo.

 

Represión y desmembramiento de la organización obrera en Dictadura (1973 – 1990)

A pesar de la confianza de algunos sectores de la Democracia Cristiana y el “centro” político que apoyaron el Golpe de Estado respecto a la breve permanencia de la Junta Militar en el poder, lo cierto es que la Dictadura criminal se mantuvo durante 17 años y a la luz de nuestra actualidad no sorprende este largo período de permanencia. Aquellos años estuvieron destinados a barrer con prácticamente todas las experiencias de organización popular y obrera desarrolladas en años anteriores y en la consecución de aquel objetivo utilizaron la más descarnada represión. Entre 1973 y 1980 fueron asesinados y asesinadas miles de compañeros y compañeras entre los cuales se encontraban militantes de organizaciones de izquierda y una gran cantidad de obreros.

La organización obrera alcanzada hacia 1973 fue reprimida con enormidad y aquella represión recayó por sobre todo en los Cordones Industriales que más alto nivel organizativo habían alcanzado hasta la fecha. Esta “oscuridad” se mantuvo durante prácticamente todo el período con la excepción de algunas movilizaciones llevadas a cabo por trabajadores del Metro, trabajadores ferroviarios o de la construcción. Pero el escenario político dentro del movimiento obrero comenzaría a cambiar hacia 1978, cuando asistimos a una paulatina reorganización del movimiento social que comenzará a otorgar resistencia a la Dictadura.

Esta reorganización se dio en torno a las fábricas y las poblaciones, ya que la crisis económica en la cual entraba el régimen de Pinochet se transformó en el perfecto aliciente para el cual miles de pobladores salieron a las calles a demostrar su descontento en contra del régimen criminal. Las protestas se volvieron nacionales desde 1983 y transcurrieron en su masividad hasta 1986, y justamente quien partió por convocarlas fue un sector obrero, los trabajadores del cobre.

Los coletazos de la crisis económica de 1982 se hacían sentir en el país y ante dicha situación la Dictadura debía dar respuesta temprana, ya había logrado redactarse una nueva constitución mediante un plebiscito totalmente manipulado y el nuevo paso que quedaba por desarrollar era implantar definitivamente un modelo económico que cambiara de lleno las relaciones laborales de nuestro país. Para ello fueron empleados los Chicago Boys, quienes desde 1986 iniciaron un camino de liberalización de la economía nacional nunca antes visto en el cual el obrero pasaba a ser comprendido en función de una reestructuración laboral y productiva, en la cual la limitación de los sindicatos, el auge del empleo inmaterial, la flexibilidad laboral, la precariedad y la subcontratación serían nuevos desafíos a los cuales tendría que enfrentarse la clase obrera si deseaba continuar en el camino de la resistencia y las reivindicaciones.

Mientras las protestas nacionales se volvían más álgidas y en ellas el movimiento obrero – como trabajadores y a la vez como pobladores – poseía una importancia fundamental en las empresas y fábricas se comenzaban a desarrollar paulatinamente estas nuevas formas de relaciones laborales aumentando aún más la supeditación del trabajador a las fluctuaciones del capital. Para evitar las problemáticas que pudiera suponer la movilización sindical y los paros por ramas que tantos apuros hacían pasar a la patronal el Código del Trabajo se vio modificado ostensiblemente durante 1987, limitando la movilización obrera a un marco legal aún más restringido y supeditando su capacidad de negociación a instancias definidas periódicamente conocidas como “negociación colectiva”, en las cuales el Sindicato, de no estar cooptado por la propia empresa, podía discutir los términos de sus peticiones e irse a huelga como medida de presión. La limitación que este Código Laboral imponía a la sindicalización provocó también que hacia el fin de la Dictadura esta no superara el 10%, en comparación a los niveles de sindicalización superiores al 70% que existían durante la Unidad Popular. Ahora además desde el Estado era promovida la sindicalización por empresa o área de cada empresa en vez de permitirse la sindicalización por rama productiva como se desarrollaba anteriormente. Como vemos, las reformas neoliberales implantadas desde 1985 en nuestro país tuvieron variadas consecuencias dentro del movimiento obrero y dejaron a este sumamente limitado por marcos legales, laborales e institucionales, cambiando definitivamente las relaciones entre trabajo y capital, quedando este último con todas las de ganar en caso de producirse alguna coyuntura de enfrentamiento y movilización obrera.

En este nuevo escenario la CUT, otrora multi sindical poderosa y fiel representante de los trabajadores, fue también cooptada y reestructurada por la Dictadura al punto de transformarse en una organización completamente nueva, incluso con una nueva declaración de principios. La “Central Unitaria de Trabajadores” declaraba en 1988 lo siguiente:

“La Central Unitaria de Trabajadores de Chile, CUT, es legítima
representante de la clase trabajadora, una organizaci
ón sindical unitaria, representativa, pluralista, autónoma, humanista y democrática, que se propone la unidad de todos los trabajadores y trabajadoras chilenos, de la ciudad, del campo y del mar, sin hacer distinción de ideas, ideológicas, de raza, de sexo o credos religiosos.

La CUT es una organización con plena autonomía para definir las políticas que orientes las luchas de los trabajadores y trabajadoras chilenos, sin injerencias nacionales o internacionales, como también fijar posiciones con relación a los problemas económicos, políticos y sociales en el ámbito nacional como internacional. Por tanto su actuación es independiente del Estado, de los gobiernos, de las instituciones, de los empresarios, y de los movimientos y partidos políticos.”[8]

Como se puede observar, de la antigua CUT clasista y que no escondía sus pretensiones revolucionarias y su análisis en torno a la lucha de clases sólo quedaba el nombre, ya que esta nueva CUT se define como pluralista, representativa, autónoma, democrática y representante de los trabajadores, pero dejando de lado las luchas sociales en contra del capitalismo y asumiendo los nuevos tiempos a los cuales se enfrentaría, tiempos de disgregación sindical y nuevas relaciones laborales en los cuales la CUT ha sido, por lo demás, una mera acompañante.

La Concertación, la alegría que no llegó y las tareas a futuro (1990 – actualidad)

Una vez la Dictadura liderada por Augusto Pinochet y apoyada por la burguesía nacional hizo su trabajo y replanteó las relaciones laborales en nuestro país mediante un nuevo modelo económico y una institucionalidad defensora del mismo no había necesidad de mantener el régimen criminal, ya que el trabajo por decirlo de alguna manera “estaba cumplido”. Además, la resistencia llevada a cabo en las poblaciones, los lugares de trabajo y por organizaciones políticas como el FPMR o el MJL hacían entender a los gestores de este nuevo modelo que era necesaria una salida “consensuada” de la Dictadura para evitarse mayores problemas y enfrentamientos.

Es así como el plebiscito de 1988 termina por demostrar el hartazgo de la población hacia la Dictadura y propone un nuevo camino que será asumido por la Concertación de Partidos por la Democracia, conglomerado político que agrupaba a los partidos que “resistieron” a la Dictadura – algunos de ellos, como la DC, apoyaron el Golpe Militar – y que terminará por ganar las elecciones presidenciales de 1990, 20 años después de aquellas elecciones que habían dado como vencedor a Salvador Allende Gossens.

Como dijimos anteriormente, diversos aspectos habían cambiado en nuestro país debido a la acción llevada a cabo por la dictadura, y el escenario político de los grandes partidos tampoco fue la excepción. Partidos políticos que otrora se declaraban revolucionarios y asumían al marxismo como el método mediante el cual analizaban y comprendían la realidad ahora se declaraban “renovados” y se presentaban como el perfecto vehículo mediante el cual se mantendría bien preservado el modelo instaurado durante dictadura. Patricio Aylwin era elegido presidente y se iniciaba un nuevo camino en nuestra historia, el camino de la “vuelta a la democracia”.

Esta vuelta a la democracia intentó sanear rápidamente las profundas heridas dejadas por la dictadura mediante la instauración de comisiones como Rettig o Valech, buscando respuesta y castigo a los crímenes perpetrados durante aquel período pero demostrando en los hechos que su alcance fue bastante limitado si lo analizamos desde la perspectiva de la necesaria justicia que exigían los familiares de las víctimas. En el campo del movimiento de trabajadores, como vimos, el modelo instaurado previamente no hizo más que profundizarse y durante todo el período – hasta nuestros días – observamos como las concepciones respecto al movimiento obrero han ido cambiando y las relaciones laborales se han encargado de profundizar y asentar dichas concepciones. En general son pocos los que aún hablan de “clase obrera” y el movimiento de trabajadores se halla profundamente desarticulado si nos ponemos a comparar con las experiencias históricas en este ámbito. El individualismo se ha desarrollado profundamente en los lugares de trabajo y en nuestra sociedad en general, el miedo a organizarse es evidente y la misma patronal, amparada por la legalidad, posee herramientas para evitar dicha organización.

Los orígenes de esta desarticulación como dijimos los encontramos en la acción llevada a cabo por la Dictadura y han sido preservados e incluso profundizados por los gobiernos de la Concertación en aras de continuar con el camino de la economía neoliberal. Las prácticas anti sindicales, el sindicalismo amarillo y la falta de articulación de proyectos políticos han sido vistos con complacencia durante este período y se presentan como los mayores desafíos para la clase obrera con el fin de re articularnos y volver a luchar por nuestras reivindicaciones y un nuevo proyecto de vida.

El escenario actual claramente no es fácil, el trabajo realizado durante todos estos años por los sucesivos gobiernos ha surtido efectos y todo un complejo entramado de relaciones laborales e institucionales amparadas por el Estado se presenta como enormes muros que debemos sortear si deseamos resurgir el poder político del movimiento de trabajadores.

Al análisis de los hechos nos encontramos con formas laborales precarizadas, subcontrato, jornadas de trabajo extenuantes y sueldos mal remunerados, no diametralmente distintas a las condiciones en que los trabajadores vivían hace algo más de 40 años y con la represión aún presente cuando se trata de mantener a raya las luchas de la clase trabajadora. Si bien el escenario es complejo y la correlación de fuerzas aún no nos favorece debemos comprender a la historia, nuestra historia como movimiento obrero, hurgar en sus acontecimientos más significativos y darnos cuenta que el capitalismo sigue siendo aquel sistema que nos mantiene explotados y beneficia a una pequeña oligarquía, a pesar de que nos quieran hacer creer que la situación ha cambiado y las condiciones laborales son diametralmente opuestas respecto hace cien años atrás. Si bien esto es cierto, debemos recordar que el cambio de estas condiciones se cimentó en las luchas concretas, mediante huelgas, paros y acciones directas sin recelar del carácter revolucionario de las mismas y comprendiendo la lucha de clases que debía librarse. Es en estas luchas, en la capacidad que tuvo el pueblo de plantear su propio proyecto político y dar batalla por el mismo donde debemos apoyarnos y reflexionar, porque el flujo de la historia es siempre cambiante y aún quedan muchas luchas por librar, en lo cercano contra el despojo que las AFP y las Isapres hacen de nuestro esfuerzo y por reivindicaciones económicas de todo tipo, pero en lo lejano debemos apuntar hacia nuestros objetivos revolucionarios, tal como el movimiento obrero supo demostrar y articular hace no demasiados años.

DESCARGAR PDF

[1] Estatutos de la Sociedad de Artesanos La Unión, 1862. En Documentos sobre Sociedades e Instituciones diversas, Santiago de Chile, Imprenta Nacional, 1889, 142.

[2] Estatutos de la Sociedad de Socorros Mutuos de Los Ánjeles, 1877. Ibíd., 448.

[3] Verba Roja, agosto de 1915, Santiago de Chile.

[4] Declaración de principios de la Federación Obrera de Chile, 1921. En La gran Federación Obrera de Chile.

[5] Declaración de principios de la Confederación de Trabajadores de Chile, 1936.

[6] Declaración de principios de la Central Única de Trabajadores, 1953.

[7] Carta de los Cordones Industriales a Salvador Allende, 5 de septiembre de 1973.

[8] Declaración de principios de la Central Unitaria de Trabajadores, 1988.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *